Las ECO-etiquetas son logos o sellos que indican que una organización independiente ha verificado que el producto cumple con un conjunto de normas significativas y consistentes para la protección del ambiente y/o la justicia social. Pero no todas las etiquetas que dicen ser verdes lo son, para reconocer si una etiqueta tiene valor hay que considerar los siguientes principios:
1. Significativo y Verificable:
Una ECO-etiqueta debe seguir un conjunto de normas ambientalmente SIGNIFICATIVAS. Estas normas deben ser VERIFICABLES por el certificador u otra organización inspectora independiente.
2. Consistente y Claro:
Una ECO-etiqueta usada en un producto debe tener el mismo significado si es usada en otro producto. La redacción de la norma debe hacerse en una forma en que se pueda verificar su consistencia de modo que pueda diferenciarse de otros productos.
3. Transparencia:
La organización que respalda la ECO-etiqueta debe hacer disponible al público información sobre la estructura de la organización, los fondos que recibe, la junta directiva y las normas de certificación. Si esta información no está disponible, es difícil determinar el significado y la claridad de las regulaciones o la independencia de la organización certificadora.
4. Independencia y protección por los conflictos de interés:
Las organizaciones que establecen las normas y deciden sobre quien puede usar su logo o sello no deben tener ningún vinculo con estos y no deben recibir ningún fondo por la venta de los productos certificados ni contribuciones de los usuarios del logo, más allá de los honorarios por la certificación. Los empleados de compañías cuyos productos han sido certificados o estén aplicando para la certificación no deben estar en la Junta Directiva del certificador (y nadie afiliado con el certificador debe estar en la Junta Directiva de la organización que está siendo certificada). Algunas organizaciones certificadoras tienen políticas de conflicto de interés explicitas que prohíben tales afiliaciones.
5. Oportunidades para comentarios públicos:
Todas las normas de certificación deben ser desarrolladas con la participación de las partes interesadas, incluyendo consumidores, industria, ambientalistas y representantes de la sociedad civil en una forma que no comprometa la independencia del certificador. Por ejemplo, los representantes de la industria pueden jugar un rol importante como asesores sin tener injerencia financiera, tomar decisiones o administrar vínculos con el certificador.